Los efectos del cambio climático agravan las desigualdades y la falta de empleo digno. Es un factor adicional que impulsa el aumento de la injusticia social y económica.
El agotamiento de los recursos fósiles y los conflictos por este recurso estratégico conducen inevitablemente a la transición económica hacia las llamadas energías verdes. Esta transición hacia economías más ecológicas no resuelve automáticamente las desigualdades: la creación y la pérdida de puestos de trabajo afectarán de manera diferente a mujeres y hombres, y otros grupos corren el riesgo de reproducir y reforzar los patrones de desigualdad en lugar de reducirlos.
Además, la transición económica afecta directamente a los Pueblos Indígenas. Representan el 6 % de la población mundial, pero más del 80 % de la diversidad biológica se encuentra en sus territorios. Muchas materias primas esenciales para la transición económica también se encuentran en sus territorios, o su explotación tiene algún impacto en su vida.
Para que la transición sea justa, es necesario que haya justicia ambiental y desarrollar políticas que integren plenamente la perspectiva de género. Las y los gobiernos, empleadores y trabajadores deben aprovechar esta oportunidad de crecimiento económico con igualdad.
Nuestro rol — Diálogo estratégico
Equigual pone su experticia en trabajos de co-construcción con Pueblos Indígenas al servicio de distintos actores cuya actividad involucre o impacte a Pueblos y Mujeres Indígenas.
A pesar de los esfuerzos, permanecen obstáculos para el diálogo intercultural con Pueblos Indígenas:
Equigual acompaña a los distintos actores involucrados para el desarrollo de proyectos respetuosos con Pueblos Indígenas.
Campo de trabajo
Consultoría Técnica
El derecho a la consulta es un derecho humano de titularidad colectiva con alcance específico para los Pueblos Indígenas, y forma parte de los derechos colectivos establecidos en el Convenio n.º 169 de la OIT. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también reconoce el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI).
La obligación de garantizar la realización de consultas adecuadas recae en los gobiernos, y no en personas o empresas privadas — aunque en algunos casos los gobiernos pueden delegar la aplicación del proceso de consulta a otras entidades.
Los Principios de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos reconocen el rol del sector privado en la promoción de la dignidad humana.
La Unión Europea exige que las empresas de determinado tamaño realicen un diagnóstico de sostenibilidad (CSRD). Con este enfoque, acompañamos a las empresas del sector privado en la consecución de sus objetivos en materia de Responsabilidad Societal Corporativa (RSC), incluso cuando su trabajo se desarrolla en territorios de Pueblos Indígenas o impacta en su vida.